La Asamblea de Guáimaro aprueba la primera Constitución de la República en armas, organizando el gobierno mambí durante la Guerra de los Diez Años y proclamando la igualdad de todos los cubanos.

La Asamblea de Jimaguayú organiza el gobierno de la República en armas durante la Guerra de Independencia, inspirada en el pensamiento de José Martí.

La última constitución mambisa, de La Yaya, estructura el gobierno revolucionario poco antes del fin de la guerra.

Primera Constitución de la República independiente. De carácter liberal, incluyó la controvertida Enmienda Platt, que limitó la soberanía cubana.

Mediante el Tratado de Relaciones, se abroga la Enmienda Platt, restableciendo plenamente la soberanía cubana y abriendo el camino a una nueva Constitución.

El pueblo cubano elige a los delegados a la Convención Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución, tras un período de inestabilidad política.

La Constitución de 1940 entra en vigor, inaugurando uno de los textos más avanzados de su época en materia social y de derechos.

La Constitución de la República de Cuba es firmada en Guáimaro, en homenaje a la constitución mambisa de 1869. Símbolo de continuidad con la tradición independentista.

Un golpe de Estado interrumpe el orden constitucional vigente, suspendiendo en la práctica la Constitución de 1940.

Fidel Castro asume el mando supremo del Estado cubano sin proceso electoral alguno, contraviniendo la Constitución de 1940 que exigía un Presidente electo por sufragio universal, directo y secreto. Desde este momento, las instituciones previstas en la Carta Magna —Congreso, Tribunal de Garantías Constitucionales, autonomía municipal y judicial— quedan en suspenso de facto.

El gobierno revolucionario sustituye la Constitución de 1940 por un «Estatuto Fundamental de la Revolución», un cuerpo normativo decretado unilateralmente sin Asamblea Constituyente electa. La Constitución de 1940, en su Título XVI, exigía que toda reforma total se hiciera mediante una Convención Constituyente elegida por sufragio universal, libre, directo y secreto; al no seguirse ese procedimiento, la sustitución fue inconstitucional y la Carta de 1940 conservó su vigencia de iure.

Tras la huida de Fulgencio Batista, las fuerzas rebeldes encabezadas por Fidel Castro toman el control del Estado cubano. Aunque inicialmente se promete el restablecimiento del orden constitucional y el retorno a la Constitución de 1940, el nuevo régimen concentra progresivamente todo el poder en una sola figura, sin convocar elecciones ni restaurar las instituciones democráticas previstas en la Carta Magna de 1940.

Mediante decretos-leyes del Ejecutivo —sin deliberación del Congreso previsto en la Constitución de 1940— se nacionalizan masivamente empresas, fincas, bancos y propiedades privadas. La Constitución de 1940, en su Título XII, reconocía y protegía la propiedad privada y exigía indemnización previa por expropiación por utilidad pública; estas garantías son abolidas de facto sin el debido proceso constitucional.

Se confiscan e interrumpen todos los medios de comunicación privados. La Constitución de 1940 garantizaba en su Artículo 34 la libertad de expresión y de prensa; el régimen suprime de facto este derecho fundamental, imponiendo un control estatal absoluto sobre la información, que se mantendría por décadas.

Se constituye formalmente el Partido Comunista de Cuba como partido único, prohibiéndose la existencia de partidos políticos opositores. La Constitución de 1940 reconocía el pluripartidismo, la libre organización política y el sufragio competitivo (Título VIII y Artículos sobre el sufragio); la instauración del partido único suprime de facto la soberanía popular que residía en el pueblo y de la cual dimanaban todos los poderes públicos.

El régimen convoca un comicio que denomina «referéndum» para sustituir la Constitución de 1940. Sin embargo, dicho acto fue inconstitucional: la Carta Magna de 1940, en su Título XVI, establecía que su reforma total solo podía efectuarse mediante una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal, libre, directo y secreto. Al no seguirse ese procedimiento, la Constitución de 1940 nunca fue derogada de iure; su sustitución se impuso de facto, por lo que la Carta Magna de 1940 mantiene su vigencia jurídica para los juristas constitucionalistas.

El régimen convoca un comicio que denomina «referéndum» para sustituir la Constitución de 1940. Sin embargo, dicho acto fue inconstitucional: la Carta Magna de 1940, en su Título XVI, establecía que su reforma total solo podía efectuarse mediante una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal, libre, directo y secreto. Al no seguirse ese procedimiento, la Constitución de 1940 nunca fue derogada de iure; su sustitución se impuso de facto, por lo que la Carta Magna de 1940 mantiene su vigencia jurídica para los juristas constitucionalistas.

El régimen reforma la Constitución de 1976 para declarar «irrevocable» el carácter socialista del sistema, atando de forma permanente al orden político cualquier retorno al modelo democrático pluripartidista y de economía mixta previsto en la Constitución de 1940. Esta cláusula, contraria al espíritu de la Carta de 1940 que reconocía la soberanía popular renovable, cierra por decreto la posibilidad de restaurar el orden constitucional legítimo.

Se promulga una nueva Constitución que, aunque introduce algunas figuras novedosas (como la figura del Presidente de la República), mantiene el partido único, el control estatal de la economía y la subordinación del poder judicial. El nuevo texto no restaura las garantías y el pluripartidismo de la Constitución de 1940, por lo que la sustitución inconstitucional del orden legítimo de 1940 continúa vigente de facto.

Han transcurrido 67 años desde que Fidel Castro tomó el poder el 1 de enero de 1959. Durante todo este tiempo, la Constitución de 1940 —nunca derogada de iure según el procedimiento de reforma establecido en su propio Título XVI— ha permanecido suspendida de facto. Sus garantías fundamentales (soberanía popular, sufragio libre, pluripartidismo, separación de poderes, autonomía municipal, propiedad privada, libertad de prensa y el Tribunal de Garantías Constitucionales) no han sido restauradas. Para la dogmática constitucional estricta, la Carta Magna de 1940 mantiene plena vigencia jurídica como única Constitución legítimamente aprobada por el pueblo cubano mediante sufragio universal, libre, directo y secreto.